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Dos co-fundadores de HashFlare, empresa minera de bitcoin (BTC) de cloud mining, consiguen evitar su extradición de Estonia a Estados Unidos. Ivan Turogin y Sergei Potapenko son sospechosos de fraude y blanqueo de capitales con 18 cargos.
El 29 de noviembre, el Tribunal de Circuito de Tallin anuló la decisión de extradición de un tribunal inferior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a HashFlare, que operó entre 2015 y 2019, de un fraude Ponzi.
Cientos de miles de víctimas y $575 millones en daños y perjuicios
Esta estafa consiste en pagar a antiguos inversores con el dinero de nuevos inversores. La estafa engañó a cientos de miles de víctimas que perdieron un total de $575 millones.
La empresa HashFlare afirmaba alquilar hash-power para la minería de bitcoin (BTC) y fomentaba las inversiones en un banco ficticio. Turogin y Potapenko se arriesgan a una pena máxima de 20 años de cárcel si son condenados en Estados Unidos.
Ambos son ciudadanos estonios y fueron detenidos en su país de origen. La detención se produjo tras la acusación formulada por la fiscalía estadounidense en 2022. En septiembre, el gobierno estonio aprobó su extradición.
Increíbles indemnizaciones para los defraudadores y sus familias
El infame fraude Ponzi es uno de los mayores casos de fraude de la historia de Estonia. Según la BBC, 15 estadounidenses colaboraron en la investigación del FBI.
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— Hacker News (@Hacker__News) January 6, 2023
Los abogados de Turogin y Potapenko presentaron pruebas en la objeción sobre las condiciones de detención en Estados Unidos. Señalaron irregularidades de procedimiento en las órdenes de extradición.
Como resultado, el Tribunal de Circuito rechazó las órdenes y remitió al organismo estatal a las normas del Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como indemnización, el tribunal decidió pagar a Turogin, Potapenko y sus familias una indemnización de 100.000€.
Endurecimiento de las normas europeas contra el blanqueo de capitales
Estonia ha aprobado recientemente una legislación reforzada contra el blanqueo de capitales. Esta legislación, que incluye la introducción de la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, obligó a casi 400 proveedores de servicios crypto a cerrar sus puertas.
A pesar de la estricta normativa, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) elaboró un plan para endurecer las normas contra el blanqueo de capitales. Según la ABE, la normativa está obsoleta y las nuevas directrices ayudan a conectar los diferentes sistemas de los proveedores de criptomonedas.